Una vez más podemos comprobar la absoluta parcialidad y sectarismo de la izquierda española al abrir una Comisión Parlamentaria para analizar los «presuntos» abusos sexuales por parte de algunos miembros de la Iglesia Católica y negarse a hacer lo mismo con el caso de la explotación sexual de menores prostituidas en centros dependientes de la Administración Balear ya que no solo el Consell de Mallorca se niega a investigar el escándalo, sino que el Parlamento Español tampoco quiere hacerlo. 

Es curioso la obsesión que la izquierda radical ha tenido y tiene con la Iglesia Católica. ¿Dónde están los católicos socialistas? ¿Por qué no investigan, por ejemplo, a profesores de colegios e institutos laicos? ¿Por qué no hacen lo mismo con monitores de centros deportivos? Hay cantidad de testimonios que certifican el abuso por parte de docentes no religiosos. Un ejemplo, entre otros muchos, lo tenemos en el caso de Joana Molinas, hoy presidenta de la Agrupación Ciudadana contra la Explotación Sexual (Accesi), que recuerda vivamente una de las experiencias más traumáticas de su vida, los abusos de uno de los educadores de su centro de acogida, de nombre Antonio. “Fue en 1993. Nos realizaba tocamientos. Yo le amenacé con matarlo si me volvía a poner la mano encima, pero de mi compañera abusó todo el tiempo que estuvo interna. Con ella mantenía relaciones sexuales completas”. 

Pero no solo es en Baleares donde este tipo de abusos sexuales se han producido. También el drama afloró en la Comunidad Valenciana en donde la Dirección General de Infancia tuvo que dar cuenta en un informe que envió al Síndic de Greuges tras la investigación que se abrió sobre este triste espectáculo de menores abusadas, en donde incluso Luis Ramírez, exmarido de la Vicepresidenta de la Comunidad de Valencia, fue condenado por un delito de abuso sexual con una menor, cuando aun estaba casado con Mónica Oltra.

Es cierto que la Comunidad de Madrid también ha tenido que soportar esta terrible lacra, y habrá que pedir toda clase de explicaciones, pero a diferencia de los casos mencionados anteriormente, la Consejería de Política Social, Juventud y Familia ya se ha puesto en marcha y se ha comprometido públicamente a revisar el sistema de protección de menores tras el caso de la red, desmantelada por la Policía Nacional en la Operación Sana, que prostituía y obligaba a vender droga a diez chicas, tres de ellas tuteladas por el sistema regional y asumir todas sus responsabilidades.   

Como queda claro, a la izquierda radical del Congreso de los Diputados solo le interesa atacar de nuevo a la Iglesia Católica. ¿Por qué no abren otra comisión para estudiar las múltiples irregularidades que han cometido y cometen los sindicatos de clase? Podían empezar analizando a UGT de Madrid, sindicato que ha sido denunciado por el ya ex secretario general del mismo, Luis Miguel López Reillo

La Iglesia Católica en cumplimiento de lo establecido por la Santa Sede, todas las diócesis españolas tienen establecidos, desde antes del 1 de junio, protocolos y oficinas para la protección de menores y presentación de denuncias por abusos cometidos, cosa que no han hecho otros organismos o instituciones públicas o privadas.