Ante la polémica generada por el acuerdo entre el Partido Popular y VOX en la Comunidad de Extremadura sobre la llamada “Prioridad Nacional”, conviene hacer una lectura serena del texto y no dejarse arrastrar por interpretaciones interesadas. El debate es importante, pero merece ser abordado con rigor y no con consignas.

La «Prioridad Nacional» no es una idea reciente ni exclusiva de España. Se trata de un concepto consolidado en Europa desde hace décadas, que ha adoptado distintas formulaciones según los límites establecidos por las constituciones nacionales y el Derecho de la Unión Europea.

Parece que el tema afecta de manera más llamativa a las personas de nacionalidad extranjera, pero conviene tener en cuenta ciertos aspectos  para no caer en tópicos o en propaganda electoralista. El tema de la inmigración está en el candelero y es muy manipulable.

Lo primero que hay que aclarar es que no toda inmigración es igual. Existe una inmigración legal, que se produce cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa vigente, y existe una inmigración ilegal, que entra al margen de la ley. Esa distinción no es menor, porque de ella derivan realidades, derechos y obligaciones diferentes.

La inmigración legal desempeña un papel fundamental en muchos sectores económicos y sociales. Muchas personas migrantes trabajan en el cuidado de mayores, el empleo doméstico, la distribución, la hostelería, la vigilancia, la medicina, las empresas y contribuyen al sostenimiento del Estado a través de sus cotizaciones e impuestos. Su aportación es real y muy valiosa. Estos entran en el país llamando a la puerta.

La inmigración ilegal, por el contrario, plantea problemas distintos. En muchos casos está vinculada a redes mafiosas que trafican con personas y las someten a trayectos peligrosos y condiciones inhumanas. Además, su perfil y situación administrativa dificulta su integración laboral y social, y obliga a reforzar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. Estos entran sin llamar a la puerta, o lo que es peor dando patadas a la puerta y, en muchos casos, atacando a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En un Estado de derecho, la legalidad no puede tratarse como una cuestión secundaria. Las normas existen para ser cumplidas, y la igualdad ante la ley debe ser un principio efectivo, no una fórmula retórica.

Qué dice realmente el texto

Conviene ir al documento y no quedarse en los titulares. El acuerdo habla de promover el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas «inspirándose» en el principio de prioridad nacional, de manera que los recursos se asignen «preferentemente» a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.

Ese matiz es importante. “Inspirarse” no equivale a imponer automáticamente una exclusión general, y “prioridad” no significa necesariamente “negación”. El propio texto, tal y como se ha publicado, se apoya en criterios como el arraigo, la permanencia, el empadronamiento y la contribución al sistema.

Desde esa perspectiva, no parece disparatado que determinadas ayudas públicas se vinculen al compromiso previo con el sistema, especialmente cuando se trata de prestaciones financiadas con recursos públicos. La cuestión de fondo no es solo quién recibe, sino también bajo qué criterios se distribuyen esos recursos.

No implica la exclusión automática de las personas extranjeras del acceso a recursos públicos ni la supresión de derechos reconocidos por nuestro ordenamiento. Tampoco comporta, en su formulación actual, una discriminación directa por razón de nacionalidad. Se trata de legalidad, arraigo, respeto a las costumbres del país de acogida, contribución al sistema publico y no poseer expedientes delictivos.

Es verdaderamente llamativo que el Presidente del Gobierno aproveche esta circunstancia para su campaña electoral en Andalucía y no diga nada sobre la «Prioridad Nacionalista» de la Generalidad de Cataluña que no prioriza, sino que obliga a usar el idioma catalán a todos los ciudadanos que viven en esa comunidad y que son tan españoles como tu y como yo. El castellano es el idioma oficial del Estado Español y sin embargo se penaliza.

¿Y que me dices de los vascos? ¿No es una prioridad tener un sistema fiscal más beneficioso que el resto de las comunidades españolas? Cuando la demagogia entra en juego, todo se puede decir.

El fondo del debate

El problema es que, sobre este asunto, se han mezclado dos debates distintos: uno jurídico y otro político. Jurídicamente, la clave está en si el planteamiento se ajusta al marco legal vigente y al reparto de competencias. Políticamente, el debate gira en torno a si es legítimo priorizar a quienes acreditan arraigo y contribución frente a quienes no lo hacen.

Aquí es donde conviene evitar caricaturas. Ni todo puede reducirse a una supuesta exclusión indiscriminada, ni tampoco debe presentarse como una fórmula inocua sin efectos reales. El texto introduce una orientación clara en el reparto de ayudas, y eso merece un análisis serio, no eslóganes.

En definitiva, el debate sobre la “Prioridad Nacional” no debería girar en torno a consignas, sino al contenido exacto del acuerdo y a sus consecuencias prácticas. Leer el texto completo, contextualizarlo y discutirlo con honestidad es la única forma de abordar un asunto que afecta al modelo de ayudas, al sistema de bienestar y a la propia idea de justicia distributiva.

Palabras de León XIV

El Papa León XIV a su regreso de su viaje a África, hizo estas declaraciones en el avión a los periodistas que le acompañaban.

«Yo personalmente creo que un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. Yo no digo que todos deben entrar como sea, sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan de lo que han dejado. Pero al decir eso, yo pregunto: ¿Qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres?»

Además, el Papa subrayó que una vez los migrantes pisan territorio europeo, «hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a las mascotas».

El pontífice también propuso «buscar ayudas de Estado o también de inversiones de empresas grandes, ricas y multinacionales para cambiar las situaciones en países» de origen de los migrantes.