Para mayor comodidad del lector, transcribo el editorial de hoy en el diario ABC
1. El PSOE ha entrado en una fase de irracionalidad e irresponsabilidad ante la sucesión de casos de corrupción que lo tienen como actor principal. La presunción de inocencia que sus dirigentes han negado a adversarios políticos que no estaban siquiera investigados es ahora objeto de reivindicación constante, pero cínica, porque al mismo tiempo acosan la independencia judicial y colocan a los jueces como protagonistas de estrategias partidistas. Que el ministro Óscar Puente desbarre de nuevo resulta normal en quien ejerce el poder como una plataforma de insultos e insidias. Pero Puente rompe su suelo día tras día y arrastra con él al Gobierno en su conjunto, en el que ya no hay diferencia posible entre moderados y sectarios, porque todos secundan la degradante trayectoria de esta legislatura.
2. Para el ministro Puente, lo que se está viviendo es una serie «de métodos o formas que no son democráticos, para derrocar al Gobierno». Es lo mismo que podría haber dicho un seguidor de Bettino Craxi o de Cristina Fernández de Kirchner, ambos con un destino similar de condenas y prisión. El problema es que el que calla también otorga y comparte con Puente esa idea de que un fiscal autónomo, un juez independiente, una prensa libre y una oposición exigente son exponentes de un sistema antidemocrático, porque cumplen con su función institucional y política. El mensaje de Puente da continuidad a su reciente ataque contra el pacto constituyente de 1978, compartido con Pablo Iglesias, y tiene el objetivo obsceno de deslegitimar la democracia para así legitimar cualquier reacción totalitaria. No es un discurso nuevo en la historia del PSOE. Así que convendría anotar lo que dice Puente porque encierra la estrategia habitual del manual autoritario: defender la democracia a costa de acabar con ella.

3. Más lamentable es que quien pasaba por ser un pequeño enclave de buenas maneras democráticas en el círculo del sanchismo haya sucumbido, por necesidades estrictamente partidistas, al discurso de quiebra social que está abanderando el PSOE. Salvador Illa, presidente de la Generalitat catalana, hizo ayer unas manifestaciones taimadas, revestidas de falso respeto hacia la Justicia, pero con el mensaje tóxico del manido lawfare. Provisto de una torpeza visual que solo los socialistas tienen, Illa no ve casualidades en los casos de corrupción que cercan al PSOE y a Sánchez, dando a entender lo que otros llaman a las claras «cloacas del Estado» contra el PSOE. Quizá la investigación judicial sobre la financiación de su partido en las elecciones de 2024 tenga que ver con su reacción.
4. Ahora cobra todo su sentido aquel lawfare que se incluyó en el pacto con Junts para investir a Pedro Sánchez. Era un bulo absoluto, una colosal mentira que, lejos de ser una concesión menor a los nacionalistas, se ha convertido en piedra fundacional del actual mandato de Sánchez, cuyo Gobierno nació como ariete para romper los controles democráticos al poder político. Y es también el lawfare la coartada de una red de corrupción sistémica liderada por la cúpula del PSOE contra jueces, fiscales y policías, cuyo objetivo era blindar, proteger y dar impunidad a Pedro Sánchez. Arreciarán los ataques socialistas a medida que el PSOE y el Gobierno vean que las democracias, aun heridas, pueden resistir.